El 08 de octubre de 2010 el gobierno panameño decidió derogar la Ley 30, más conocida como Ley Chorizo, que afectaba derechos laborales fundamentales. Esta ley pretendía aprobar un conjunto de medidas que, entre otras cosas, limitaba el acceso de los sindicatos a la cuota sindical y eximia al Estado de presentar estudios de impacto ambiental en obras que considerase de interés social...

Otros sectores también serian afectados por la legislación, como la ley de aviación, de la Policía Nacional, de contrataciones públicas y el Código Penal.

Lo que el gobierno de Panamá inicialmente trató de legitimar, de manera discreta, prácticamente a puertas cerradas, ganó el espacio público por la intensa movilización de trabajadores, ambientalistas, indígenas, defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil que salieron a las calles a protestar contra la norma que viola varios derechos internacionalmente establecidos. Hubo huelgas, grandes manifestaciones a nivel nacional, protestas y denuncias a nivel internacional.

La lucha contra la impunidad debe ser permanente y no descansaremos hasta ver que se haga verdadera Justicia

Uno de los casos más graves tuvo lugar en la ciudad de Changuinola, región de Bocas del Toro, en donde los trabajadores que protestaban contra la violación de sus derechos por la referida ley, fueron violentamente reprimidos por la fuerza pública, ocasionando la muerte de, por lo menos, 11 personas.

La CSA, informada por sus afiliadas, desde el inicio de este proceso actuó en contra la Ley 30 apoyando las movilizaciones y defendiendo los Derechos Humanos laborales. Como Secretario General de CSA, estuve en Panamá y me encontré con las principales organizaciones sindicales del país, reunidas en el Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados CONATO (las afiliadas CGTP-CTRP, Convergencia Sindical, como también las otras organizaciones sindicales del país). En aquel momento, así respondimos a la masacre:

“Hemos dejado bien en claro que mientras no se forme la comisión investigadora, no se deslinda responsabilidades, mientras no estén en la cárcel los asesinos, mientras no se indemnice a los heridos, mutilados y familiares de los muertos y mientras continúen las leyes Carcelazo y Chorizo, el movimiento sindical internacional va hacer con que Martinelli sea más conocido como el carnicero de Changuinola que por su propio apellido.”

Finalmente, en agosto de 2010, se estableció una mesa de diálogo tripartita para construir nuevos consensos sobre la legislación, como se espera que ocurra en una democracia, que de partida representaba una evidente desventaja para las organizaciones sindicales y populares allí representadas, toda vez que empresarios y delegados de Gobierno estaban en mayoría.

Tras los trabajos de la mesa de diálogo, el gobierno, terminado el plazo que se había impuesto para la aprobación de dicha ley, asumió por medio del viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, que la ley seria derogada. Luego, la noticia fue confirmada por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien, segun Carles, al ver que se acababa el tiempo y la mesa solo habia aprobado tres de los 41 artículos que conforman la Ley 30, tomó la decisión de derogar la ley y presentar seis proyectos de ley nuevos.

Pero el gobierno, como ya es usual, volvió a incumplir su palabra y en uno de los anteproyectos de ley, el que se refiere a la policía, eliminó un párrafo fundamental consensuado en la mesa de diálogo, el que ordenaba la detención preventiva para los policías que cometieran actos delictivos en manifestaciones públicas.

Sin dejar de tomar en cuenta la nueva estrategia del gobierno de Martinelli para modificar puntos importantes en los derechos sociales y ambientales de los panameños, las organizaciones sindicales y demás grupos de la sociedad civil festejan la derogacion de la Ley 30

Pero la lucha contra la impunidad debe ser permanente y no descansaremos hasta ver que se haga verdadera Justicia para los mártires y víctimas de la Masacre de Bocas del Toro y del pueblo panameño. Los responsables de estos crímenes deben ir a juicio y los funcionarios responsables de la represión deben ser destituidos.

La lección que ha dado el pueblo panameño debe enseñarnos dos cosas: que las causas justas, por complicadas y difíciles que parezcan, deben pelearse y que la solidaridad internacional es un arma muy poderosa contra la represión que sufren los pueblos.