Con las presencia de unos 60 familiares (cónyuges, padres e hijos) de sindicalistas asesinados, y de un número similar de delegados de organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos, se instaló en Medellín el II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical en Colombia, evento organizado por la CUT, la Escuela Nacional Sindical, el CINEP, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros.

En el evento se realiza en la sede del sindicato de educadores ADIDA, y en el mismo participan delegaciones de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Quindío, Putumayo, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Arauca y Caquetá.

Como se sabe, desde hace muchos años Colombia es el país más peligroso del mundo para la actividad sindical. En los últimos 23 años se cometieron 10 mil hechos de violencia contra sindicalistas, entre ellos 2.731 homicidios, 49 de ellos en el 2008 y 39 el año pasado. Cifras alarmantes si se comparan con las que se dan en otras partes del mundo. Por ejemplo en Brasil, con 20 veces el número de afiliados a sindicatos y una mayor conflictividad, el año pasado fueron asesinados 4 sindicalistas.

En desarrollo del encuentro, en la mañana se escucharon las ponencias de Luciano Sanín, director de la ENS, quien hizo una precisa caracterización del fenómeno de la violencia antisindical en Colombia y presentó cifras representativas. La abogada Lina Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas, presentó cifras sobre la actividad de la Fiscalía para esclarecer los homicidios y el estado en que se encuentran las investigaciones, para concluir que lo que prima es la impunidad. Luego la también abogada Jessica Hoyos, víctima ella misma de la violencia porque hace 9 años su padre sindicalista fue asesinado por paramilitares en Cundinamarca, habló sobre los avances del proceso de justicia y reparación para las víctimas. Y finalmente Domingo Tovar y Alberto Vanegas, el primero Secretario General de la CUT y el segundo director del Área de Derechos Humanos de esta misma central, se refirieron a los avances en el tema de la organización de las víctimas y la reconstrucción de la memoria desde la perspectiva sindical.

Caracterización de la violencia antisindical

Según Luciano Sanín, director de la ENS, para comprender en su contexto la violencia antisindical en Colombia hay que tener en cuenta los tres aspectos que la caracterizan:

1- No obedece a coyunturas sino que es una violencia histórica y estructural, esto porque el régimen político colombiano no ha incluido al sindicalismo como parte del sistema democrático. Por el contrario, lo que ha hecho es desconocerlo y ejercido violencia para destruirlo. Por eso los sindicatos en Colombia, a diferencia de otros países, no se mueven por los canales institucionales ni por los del diálogo y la concertación porque el Estado y los empresarios han cerrado todas las posibilidades institucionales para el ejercicio de la libertad sindical. Colombia es el país del mundo que más llamados tiene de la OIT por no adecuar su legislación y prácticas en materia de libertades sindicales. Al respecto Sanín mencionó, como un hecho sintomático, lo ocurrido hace 20 días en la finca Palo Alto, en el departamento del Magdalena, donde sus propietarios enviaron a un grupo paramilitar a disolver a bala una protesta de los trabajadores, a los que les debían meses de salarios y prestaciones. “Eso lo que muestra es que el sistema político está dispuesto para rechazar a toda costa al sindicalismo”, puntualizó. En esa misma lógica señaló la reacción furiosa del gobierno y el empresariado colombiano contra la CUT, por denunciar internacionalmente la violencia antisindical en Colombia.

2- Es una violencia sistemática y selectiva. “Si uno mira el mapa de la violencia, ve que ésta se ha ensañado en 6 departamentos, que tienen la mayor densidad y dinámica sindical, y contra 30 sindicatos, en los que se concentra el 90% de los hechos de violencia en los últimos 20 años. Mencionó como ejemplos el caso de Anhtoc, sindicato de trabajadores de hospitales públicos, devastado por la violencia contra sus miembros por oponerse a la reestructuración hospitalaria que quiere hacer el régimen; o el caso de los sindicalistas de Ecopetrol (la USO), o de las plantaciones de palma africana. Como evidencia también mencionó lo que se ha revelado en el juicio contra Jorge Noguera, ex director del DAS,  acerca de las actividades de este organismo contra el sindicalismo. “Cuando la CUT denunció esos hechos en el 2006, muchos la rechazaron como una idea conspirativa de esta central, y en el mundo no creían que fuera posible que el Departamento de Seguridad del Estado le entregara a los paramilitares listas de sindicalistas para que los asesinaran. Pero esta semana conocimos que no solo era verdad sino cuánto costaron esas listas, cómo las entregaron, qué hicieron con ellas”, señaló Luciano Sanín.

3- Es una violencia específicamente antisindical, así el gobierno, los empresarios, algunos columnistas de prensa y parte de la academia traten de negarlo, y hagan maromas estadísticas para mostrar que no hay una relación entre la violencia contra el sindicalismo y la actividad sindical, y digan que la gran mayoría de los crímenes son colaterales u ocasionales del conflicto armado del país, o son producto de líos pasionales o de una equivocación, lo que entre otras cosas lesiona profundamente la dignidad de las víctimas y sus familiares. Lo que ocurre, según Sanín, es que para defender los derechos de los trabajadores los sindicatos muchas veces tienen que ir más allá de la mera labor sindical. En muchas regiones el sindicalista es un líder social ligado a la actividad política (generalmente de oposición), y por lo mismo le toca hacer movilizaciones cívicas, mítines, aliarse con otras organizaciones sociales para dar respuesta a problemas de desarrollo regional, defensa del medio ambiente y los recursos naturales, etc. Y por ese involucramiento en la lucha social es castigado, sometido a hechos de violencia.

Rampante impunidad

Si bien la impunidad en Colombia es generalizada, sí se puede establecer una lógica específica de impunidad contra los crímenes políticos en general y los de sindicalistas en particular. Y en el caso del sindicalismo es más delicado, porque el Gobierno le ha dicho al mundo que está haciendo una labor especial para esclarecer los crímenes de sindicalistas y superar el problema de la impunidad.

Ese fue precisamente el tema que trató en su intervención Lina María Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas, entidad que ha hecho un estudio a fondo del tema. Esta profesional reveló algunos datos que muestran un alto grado de impunidad:

Para empezar, la Fiscalía sólo está investigando lo ocurrido entre junio de 1991 y agosto de 2008, en total de 1.303 casos con 1.546 víctimas. Pero de éstas sólo 687 son sindicalistas víctimas de homicidio, 598 no son sindicalistas sino personas que han muerto como consecuencia de un atentado contra un sindicalista, niños incluso, y 261 son víctimas sindicalistas de otras violaciones. Dejó por fuera la investigación de otros tipos de violencia diferentes al homicidio, que en los últimos 23 años asciende a 7.387 casos. O sea que sólo está investigando el 3.5% de los hechos de violencia general contra sindicalistas.

Pero lo más lamentable es el estado de las investigaciones. De las 1.119 investigaciones que adelanta la Fiscalía, el 45.8% está en estado preliminar, es decir, no hay autor identificado. El 25.96% está en estado de formalización de la investigación en contra de alguien. En acusación, es decir, ya en manos de los jueces, está el 11.4% de los casos; y en preclusión el 2.77%.

Difícil momento para las víctimas

Es un momento difícil para reclamar los derechos de las víctimas del sindicalismo. En primer lugar porque fracasó el proceso de construcción de una Ley de Víctimas, hecho que cierra un canal institucional para lograr la reivindicación. En segundo lugar porque fracasó rotundamente el proceso de negociación y reinserción de los grupos paramilitares y su instrumento jurídico: la Ley de Justicia y Paz, y eso cierra las posibilidades de reconstruir la verdad, establecer justicia y repara a las víctimas.

Y en tercer lugar porque el paramilitarismo, tal como lo reveló ayer el informe de la ONG mundial Human Wright Watch, no se desmontó sino que se reorganizó, que es lo mismo que viene diciendo el sindicalismo desde hace años porque ha sido la víctima predilecta de estos grupos. “Esto es lo que más amenaza la posibilidad de reivindicación de los derechos de las víctimas. En un encuentro de familiares y víctimas del magisterio antioqueño que hicimos en ADIDA, pudimos advertir que para ellas va a ser muy difícil poder contar su historia y recuperar la memoria porque sienten que los victimarios continúan en los mismos lugares, territorios y con la misma capacidad de generar violencia. Es decir, los elementos estructurales que han generado la violencia contra el sindicalismo se mantienen”, dijo el director de la ENS, y agregó:

“Las posibilidades de reconstrucción de la verdad y la memoria en este país está en lo que podamos hacer nosotros, no en lo que hagan las instituciones, ni la Ley de Justicia y Paz, ni la Comisión Nacional de Reconciliación, pues a ese marco institucional no le creemos mucho, porque hacen todo lo contrario a la recuperación de la memoria y la verdad. Tenemos que mantener nuestra exigencia de justicia y reparación, lo que exige mucha valentía y decisión por parte de las organizaciones y las víctimas. Asimismo hay que insistir en la organización de las víctimas, porque no puede seguir el sindicalismo con sus víctimas desarticuladas reclamando sus derechos”.

Bajar aquí la declaración final del II Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Antisindical

Fuente: CUT Colombia